El canciller de Perú, Antonio García Belaunde, dijo que una vez que Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), responda a «un cuestionario de la Fiscalía», se podrá tomar la decisión del salvoconducto.
De esa forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú no concederá el salvoconducto a Pizango, quien no tiene orden de captura, mientras no responda las interrogantes de la Fiscalía de la Nación o Ministerio Público.
Pizango deberá responder un pliego de preguntas que fue elaborado por la titular de la Fiscalía Provincial 44 de Lima, Sylvia Sack, cuyo documento fue enviado por la cancillería peruana a la embajada de Nicaragua en Lima.
Pizango ha sido acusado por el gobierno de Alan García de los delitos de sedición y rebelión, tras el alzamiento de nativos en la región amazónica de Bagua, ocurrida hace una semana y que se saldó con decenas de muertos indígenas, pero no hay ninguna orden de captura en su contra.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, reveló este viernes la existencia de indicios sobre financiamiento externo en la campaña para derogar los decretos de ley que motivaron las protestas, pero se abstuvo de identificar esas fuentes.
«Hemos estado haciendo una investigación y he encontrado indicios, y estamos en los últimos minutos de demostrarlo, que ha entrado al país plata (dinero) de Organismos No Gubernamentales internacionales para la derogatoria», dijo.
Recordó que ministros de Estado han visitado la selva para conocer los puntos de vista de los pobladores, pero señaló que el problema fue que «por lo bajo, ha habido gente manejando muchos recursos» para poner a la población en contra.
El diario La República, en tanto, informó que los policías que estuvieron en la denominada «Curva del Diablo», en el poblado de Bagua y en la Estación 6 de Petroperú, en la comunidad de Imazita, cuestionaron la eficacia del plan y lo describieron como ‘improvisado’.
«No hubo manejo de la inteligencia, ni siquiera hubo un planeamiento; no hubo un plan de operaciones, nos han mandado así nomás; ha sido una orden de momento», dijo un joven oficial no identificado, sobre el operativo desplegado en Bagua el 5 de junio.
«Se habría llevado paramédicos, dos helicópteros, como mínimo y más efectivos. ¿Con menos de 300 policías íbamos a desbloquear 10 kilómetros de carretera?», preguntó el oficial.
«Para esta operación especial debimos haber tenido el equipo necesario, o sea, casco tipo Keblack, chaleco antibalas, fusil AKM con ocho cacerinas (tenían cuatro)», señaló por su parte un agente policial al diario Peru21.
La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que nunca se dio la orden de disparar en la llamada Curva del Diablo, ubicada en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en Bagua, sino que fueron miles los indígenas que empezaron el ataque contra los policías.
En cambio, la comunidad indígena acusa al gobierno de Alan García de haber arremetido salvajemente contra los defensores de la amazonía, disparando desde helicópteros y lugares altos, asesinando a docenas de ellos.