Sobre el caso de los 24 vehículos encontrados este jueves en una casa de Zuloaga, uno de los propietarios de Globovisión, indicó Samán que una de las primeras cosas que intentaron determinar, es si dichos automóviles ya habían sido vendidos a una persona natural, y realmente se les estaba sometiendo a reparaciones, como afirmó el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, este jueves.
Sin embargo, determinaron que ninguno de esos vehículos ha sido asignado a alguna persona natural. Explicó Samán que Zuloaga tiene dos empresas concesionarias de vehículos: Toyosans y Toyoclub. «Entonces resulta que los vehículos se los vende Toyoclub a Toyosans, y otros se los vende Toyosans a Toyoclub. Y otros se los venden a una empresa llamada CIC, que queda en el mismo lugar y tiene el mismo número telefónico que Toyoclub».
El ministro mostró facturas donde Toyosans vende a CIC una camioneta Tundra a Bs.F. 104 mil. Resaltaron que las camionetas no se consiguen en el mercado, y mucho menos a ese precio. «Estos precios son precios internos, para vendérselos entre ellos mismos, pero nosotros sabemos que los precios del mercado son superiores». Vale resaltar que en la página web Tucarro.com, las camionetas Tundra 2008 se venden a precios como Bs.F. 400 o Bs.F. 500.
Samán indicó que fueron carros que ingresaron al país el año pasado. La licencia de importación vencía el 31 de diciembre de 2008, lo que indica que los carros debieron nacionalizarse antes de esa fecha. También señaló que se usaron dólares de Cadivi para adquirirlos.
Indicó Denis Arias Núñez, consultora jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que los automóviles fueron facturados con fecha muy reciente: «Todos los carros fueron vendidos el 13, 14 y 15 de mayo», dijo resaltando que todos los carros fueron vendidos casi en la misma fecha. Pero además, los documentos no tienen «ningún sello de notaría pública», explicó.
«Estamos en mayo: esos vehículos estuvieron 5 meses en un proceso, ‘engordándolos’ para venderlos», dijo Samán. En Venezuela, la palabra «engorde» se usa para referirse a personas que se niegan a vender una propiedad esperando a que su precio suba para venderla a un precio mayor, y así obtener más ganancia. Hay que recordar que en Venezuela hay escasez de vehículos automotores, y los aspirantes a compradores deben anotarse en lista y esperar meses o años hasta que se les ofrezca un automóvil. Muchos vendedores piden sobornos a los compradores para acelerarles la entrega de vehículos.
Sobre el caso de Zuloaga, Samán dijo: «Existe la posibilidad de la usura genérica, y es un delito. Quien impone la sanción no es el Indepabis, sino un tribunal de justicia». Samán también indicó que la zona donde se encontraron los vehículos es residencial y no tiene zonificación que permita tener talleres, concesionarios automotores o similares. Es necesario resaltar que los vehículos estaban estacionados sobre tierra y grama ornamental, lo que no se acostumbra para talleres mecánicos.
Arias Núñez confirmó que el procedimiento usado es venderse los vehículos entre empresas concesionarias del mismo grupo. «¿Qué hacen unos vehículos que pertenecen a concesionarios de Valencia, en una casa acá en Caracas? Dicen que los tenían para resguardarlos y para reparaciones, pero cuando el Cicpc y el Indepabis solicitan las llaves, ellos señalan que no las tienen. Pero, ¿cómo llegaron los vehículos a esa vivienda?». Señalaron que no encontraron ningún desperfecto en los vehículos, como aseguraron en la vivienda.
Arias Núñez confirmó que sí hubo una obstrucción al desarrollo de la inspección realizada por el Cicpc y el Indepabis, como lo investiga la Fiscalía. «Aparte de mentir a funcionarios públicos con argumentos inválidos, estaban obstruyendo desde un principio al no permitir el acceso, lo que es una obstrucción a la justicia y a la aplicación de la inspección y del ordenamiento jurídico».
¿Casa, u oficina? Dueños no se ponen de acuerdo
Detalló Samán que tuvieron que solicitar una orden de allanamiento porque el sitio era una vivienda, pero una vez los funcionarios ingresaron y hallaron los vehículos, cambiaron la versión y afirmaron que en el lugar funcionan oficinas.
Arias Núñez señaló al respecto que ellos alegan que el lugar es una oficina. «Pero los vehículos están en el estacionamiento de una casa. Si funciona como una oficina, tienen que tener una orden de entrada del vehículo, una orden de salida del vehículo, una orden de reparación. Pero ninguno de esos documentos fueron consignados en las actuaciones del Indepabis».
También indica Samán que, en el lugar, debe haber un aviso notificando la existencia de la oficina, que incluya el número de registro de información fiscal o RIF. «Además -añadió Arias- en el registro debe haber un acta de asamblea (de accionistas) que diga que allí va a funcionar una sucursal de la empresa en ese lugar. Lo que consignaron fue un documento de arrendamiento».
El documento de arrendamiento de la vivienda también tiene irregularidades: no está notariado. Presumen que fue hecho de forma rápida, mientras era emitida la orden de allanamiento y se le impedía a los funcionarios el ingreso. «Tuvieron suficiente tiempo para orquestar su trampa y su show mediático», dijo Amira Djermano, directora nacional de fiscalización del Indepabis. Mostrando el documento, señaló que el lugar fue arrendado por Inversiones Zulu, C.A. a Toyoclub. «Pero acá sólo está el sello de Toyoclub, y no de la inversora que les está arrendando».
Es un procedimiento de rutina y se está aplicando en numerosos lugares
Indicaron que este viernes en la noche se está aplicando un procedimiento a otro concesionario ubnicado en La Yaguara (Caracas), llamado ToyoOeste, donde hay una gran cantidad de Yaris con el mismo problema. En Boleíta, también se localizaron en un galpón de Los Chorros unos 24 vehículos último modelo, marca Chrysler, Cherokee, Grand Cherokee y Caliber, todos del año 2009, aparentemente pertenecientes al concesionario Prestige Car, de Boleíta, que alega tener alquilado el galpón para guardar los vehículos y luego entregarlos a compradores. El Ministerio del P.P. para el Comercio indicó que este es un procedimiento de rutina, y no un ensañamiento.