La justicia boliviana había anunciado para este 18 de mayo el inicio de un proceso contra un grupo de ex ministros de Sánchez de Lozada por su presunta culpabilidad en la muerte de al menos 60 manifestantes durante la represión a una protesta en octubre de 2003.
Horas antes en La Paz el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, instó al gobierno peruano a rechazar el pedido de asilo de tres ex ministros bolivianos: Mirtha Quevedo, Jorge Torres y Yerko Kukoc.
El asilo se otorga bajo el amparo de la oficina de refugiados de ONU (ACNUR). Si en algún momento el país otorgante decide que no puede mantener más a un refugiado en su territorio la ACNUR se encarga de enviarlo a un tercer país.
Menos de un mes antes de estos asilos, el gobierno de Perú le otorgó el beneficio al ex alcade de Maracaibo, Manuel Rosales, quien está acusado en Venezuela de enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador en el estado de Zulia.
Igualmente se le otorgó asilo al ex gobernador del estado Yaracuy Eduardo Lapi, también acusado por delitos de corrupción durante su gestión al frente de esa entidad, y al ex presidente de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) Carlos Ortega, por su participación en el sabotaje petrolero de fines de 2002 y principio de 2003.