Así lo advierte el informe «El derecho a sobrevivir. El reto humanitario del siglo XXI», presentado por la responsable de campaña, Marta Arias y por el portavoz de cambio climático de la organización, José Antonio Hernández.
Estos dirigentes reflejaron que en los próximos seis años, el número de damnificados por desastres relacionados con el clima podría crecer un cincuenta por ciento hasta alcanzar la cifra de más de 300 millones de víctimas.
«A medida que el cambio climático y la mala gestión del medio ambiente provoquen una proliferación de sequías, desprendimientos de tierra, inundaciones y demás desastres localizados», habrá «más personas vulnerables, debido a su pobreza y ubicación».
Este informe pronostica que los cambios ambientales no sólo causarán daños por sí solos, sino que además provocarán desplazamientos, migraciones y conflictos violentos entre países y plantearán un reto humanitario «sin precedentes» para el que la acción humanitaria internacional no está preparada.
Por eso, Intermón pidió a los gobiernos, agencias humanitarias y demás ONG que mejoren la respuesta internacional ante las crisis humanitarias y que financien la lucha contra las catástrofes relacionadas con el clima.
«El coste de ofrecer una asistencia humanitaria digna a todas estas víctimas» supondría sólo «una pequeña fracción de lo que los países ricos han gastado en la crisis financiera global desde 2008».
Según el informe, si todos los gobiernos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) aportaran lo mismo que lo que donaron los diez países más generosos de esta organización en 2006, la ayuda humanitaria mundial disponible alcanzaría los 42 mil millones de dólares.
Además del refuerzo de la acción humanitaria, Intermón insta a los gobiernos a luchar contra el cambio climático y a rebajar sus emisiones de gases de efecto invernadero en un cuarenta por ciento para 2020.
También insiste en que se deben destinar, al menos, 50 mil millones de dólares para ayudar a los países pobres a adaptarse al cambio climático.
Según precisa el informe, este dinero facilitaría la puesta en marcha de infraestructuras, medidas sanitarias o viviendas seguras con las que hacer frente a inundaciones o terremotos, unas condiciones de vida que marcarían la diferencia.
Como lo demuestran las estadísticas, «los desastres naturales dejan cada día 23 muertos en los países ricos y más de mil 50 en los países en vías de desarrollo».
Por último, el informe avisa que «la presión urbanística en los terrenos agrarios, el aumento de la población mundial, de la demanda de productos alimenticios y energéticos por parte de las economías emergentes, y el crecimiento de la presión migratoria y del paro como consecuencia de la crisis mundial agravarán esta situación».