Jean-Guy Allard
Granma
Asamblea de las ONG mercenarias en Washington. ¿Cómo dilapidarán los 45 millones de dólares asignados para subvertir el orden interno en la Isla por mediación de “instituciones experimentadas”, preferiblemente europeas y latinoamericanas?
En su nuevo plan para la desestabilización de Cuba, la USAID promoverá el envío clandestino de material electrónico a la Isla valiéndose de intermediarios europeos y latinoamericanos que realizarán el trabajo sucio que no puede legalmente desarrollar; favorecerá los viajes de agentes al país, usando las llamadas licencias humanitarias para realizar «evaluaciones en el terreno», y garantizará a sus colaboradores que sus actividades nunca sean divulgadas, por encima de la ley FOIA de acceso a la información.
Forzada por el GAO (la Oficina Federal de Auditoría) a fabricarse una cierta imagen de decencia en la distribución del dinero del contribuyente que derrochaba hasta ahora sin la menor licitación, la USAID (la llamada Agencia para el Desarrollo Internacional) acaba de realizar, el pasado 14 de mayo, en su sede central de Washington, una asamblea sobre la distribución de 45 millones asignados por la administración de George W. Bush para provocar una ruptura del proceso revolucionario cubano.
Durante tres horas, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, manteniendo fuera del lugar a los medios de comunicación y en un ambiente conspirativo acorde con las operaciones que pretende realizar, el jefe de la USAID para la región latinoamericana, José «Pepe» Cárdenas, un ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), encabezó un grupito de funcionarios federales «especialistas» en Cuba: Su brazo derecho para la Isla, Elaine Grigsby, directora del llamado Programa Cuba; Amadjan Abani, de la Oficina de Asistencia y Adquisiciones de la USAID; Anthony Christino III, del Buró de Industria y Seguridad del departamento de Estado que monitorea y sanciona los intercambios con Cuba.
Entre las organizaciones —algunas ya «célebres»; otras menos conocidas, pero todas dedicadas a apropiarse de los millones del Departamento de Estado, cuyos representantes amueblaban la sala, locos por garantizarse su pedazo del cake—, se distinguían: La seudo ONG checa People in Need; Global Partners; IBMC; Loyola University; Jackson State University; Mississippi Consortium for International Development; International Resources Group; Panamerican Development Foundation; Partners of America; Alliance for Family; el Consejo de Comercio de Hungría y la ya multimillonaria TV Martí.
Ningún diplomático —ni siquiera el agente checo Kolar— estuvo presente.
En lo que equivale a confesar auténticas operaciones de espionaje contra Cuba y en territorio cubano, «Pepe» Cárdenas —quien sustituyó al corruptísimo Adolfo Franco—, insistió en la necesidad de identificar a las ONG las en terceros países que puedan canalizar los recursos de la USAID para la subversión.
Subrayó la necesidad de hacer llegar a la nación caribeña, utilizando a aquellos intermediarios, «panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos», así como de «entrenar a cubanos residentes en Cuba en terceros países».
Al destacar la «filosofía» detrás de la significativa expansión del Programa Cuba de la USAID, Cárdenas recalcó que su presupuesto, de 13 millones en el 2007, «se disparó» a 45 millones en el 2008.
Luego pasó a la nueva geografía de este monumental derroche, al destacar como países más proclives para desarrollar este trabajo encubierto a Chile, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica.
Aunque Grigsby, supuestamente su más fiel colaboradora, comentó luego que, según su experiencia, le resultaba difícil encontrar socios en América Latina.
Como buen instructor de lo que constituye, ni más ni menos, que una operación de Inteligencia, Cárdenas habló de la conveniencia de utilizar a países de Europa del Este que han tenido «experiencias recientes de transición».
Sin embargo, no llegó a precisar el nivel de colaboración o de complicidad con el cual cuenta, de manera evidente, la Inteligencia norteamericana con los gobiernos de los países que mencionó.
Contestando a una pregunta, a Cárdenas se le escapó que ya se había recomendado a «instituciones experimentadas en la ejecución de este tipo de programa», tales como la NED, el NDI, el IRI, la Florida International University, Freedom House, con su agente CIA, Jaime Suchlicki…
Y, por supuesto, el Center for a Free Cuba de su amiguito Frank «Paquito» Calzón.
Operaciones «secretas» cuyo acceso se negara
Con un lenguaje que corresponde a un operativo de misión de espionaje, el ex directivo de la FNCA confesó que «resulta difícil» introducir materiales en la Isla y por lo tanto indujo que el trabajo había que «hacerlo de forma clandestina».
Grigsby añadió al carácter altamente secreto de las tareas designadas, precisando que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información (conocida como FOIA), la USAID solo emitiría «un resumen general» y «mantendría el secreto» de los detalles de los programas de cada ONG, pues se trata de «materiales secretos».
Más claro ni el agua.
Anthony Christino III se refirió, en esta misma confesión colectiva, a la «necesidad» de enviar computadoras y software a Cuba, para lo cual sus servicios facilitarán licencias.
Clara Davis, la perla de la OFAC, propuso licencias de viajes, dejando claro que se utilizarán las licencias llamadas humanitarias para la infiltración de agentes con la cobertura de proyectos vinculados a la salud pública, el medio ambiente e «iniciativas específicas».
Se refirió, además, abierta y groseramente, al «interés» de promover viajes a Cuba para «realizar evaluaciones en el terreno» utilizando licencias generales.
Davis señaló que «la mayor entrada de dinero a Cuba» se hacía «a través de la Iglesia», una referencia bien intencional que no tiene otro propósito que causar algún daño a la fluida comunicación entre la Iglesia y el Estado cubano.
Las elecciones determinarán el futuro
En otra confesión en esta larga sucesión de confidencias, Grigsby señaló que otra ampliación del presupuesto subversivo dependerá de las elecciones de noviembre.
Según los observadores «en el terreno», no hay duda de que las víctimas de este nuevo giro del financiamiento de la subversión en Cuba le ajustarán la cuenta en su momento a la administración.
La organización que manejó el derroche del dinero federal en operaciones fraudulentas convocó, evidentemente, su reunión con el aparente propósito de parecer conformarse con el cocotazo del GAO.
Sin embargo, de manera muy significativa, publicó en su convocatoria el día y la hora de la asamblea, pero omitió precisar el lugar para lo cual había que llamar y preguntar. La estrategia funcionó. Se aparecieron en el encuentro pocas caras nuevas para esta repartición de un pastel ya repartido.
En su informe, el GAO demostraba cómo los altos funcionarios de USAID llegaron a disimular el paradero de 65,4 millones de dólares regalados, en una década, a sus amistades de Miami y de Washington.
José Cárdenas fue directivo de la FNCA a partir de 1986, con las más altas responsabilidades. Fue sucesivamente director de «investigaciones y publicaciones», portavoz de la organización y lobbyista cuando la organización mafiosa disponía de una lujosa «embajada» en Washington.
El funcionario mafioso es, por supuesto, amigo íntimo de Ileana Ros-Lehtinen y de sus dos cómplices de apellido Díaz-Balart.
La FNCA, creada por la CIA bajo Ronald Reagan, se gastó una fortuna financiando las operaciones del terrorista internacional Luis Posada Carriles, lo que Cárdenas, por supuesto, no puede ignorar.
Como tampoco podrá ignorar las ya agudas lamentaciones de los cabecillas de Miami, a quienes la reorientación de los métodos de la USAID, a favor particularmente de sus habituales corresponsales europeos, dejan en una situación algo precaria.
En su nuevo plan para la desestabilización de Cuba, la USAID promoverá el envío clandestino de material electrónico a la Isla valiéndose de intermediarios europeos y latinoamericanos que realizarán el trabajo sucio que no puede legalmente desarrollar; favorecerá los viajes de agentes al país, usando las llamadas licencias humanitarias para realizar «evaluaciones en el terreno», y garantizará a sus colaboradores que sus actividades nunca sean divulgadas, por encima de la ley FOIA de acceso a la información.
Forzada por el GAO (la Oficina Federal de Auditoría) a fabricarse una cierta imagen de decencia en la distribución del dinero del contribuyente que derrochaba hasta ahora sin la menor licitación, la USAID (la llamada Agencia para el Desarrollo Internacional) acaba de realizar, el pasado 14 de mayo, en su sede central de Washington, una asamblea sobre la distribución de 45 millones asignados por la administración de George W. Bush para provocar una ruptura del proceso revolucionario cubano.
Durante tres horas, desde las nueve de la mañana hasta el mediodía, manteniendo fuera del lugar a los medios de comunicación y en un ambiente conspirativo acorde con las operaciones que pretende realizar, el jefe de la USAID para la región latinoamericana, José «Pepe» Cárdenas, un ex directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), encabezó un grupito de funcionarios federales «especialistas» en Cuba: Su brazo derecho para la Isla, Elaine Grigsby, directora del llamado Programa Cuba; Amadjan Abani, de la Oficina de Asistencia y Adquisiciones de la USAID; Anthony Christino III, del Buró de Industria y Seguridad del departamento de Estado que monitorea y sanciona los intercambios con Cuba.
Entre las organizaciones —algunas ya «célebres»; otras menos conocidas, pero todas dedicadas a apropiarse de los millones del Departamento de Estado, cuyos representantes amueblaban la sala, locos por garantizarse su pedazo del cake—, se distinguían: La seudo ONG checa People in Need; Global Partners; IBMC; Loyola University; Jackson State University; Mississippi Consortium for International Development; International Resources Group; Panamerican Development Foundation; Partners of America; Alliance for Family; el Consejo de Comercio de Hungría y la ya multimillonaria TV Martí.
Ningún diplomático —ni siquiera el agente checo Kolar— estuvo presente.
En lo que equivale a confesar auténticas operaciones de espionaje contra Cuba y en territorio cubano, «Pepe» Cárdenas —quien sustituyó al corruptísimo Adolfo Franco—, insistió en la necesidad de identificar a las ONG las en terceros países que puedan canalizar los recursos de la USAID para la subversión.
Subrayó la necesidad de hacer llegar a la nación caribeña, utilizando a aquellos intermediarios, «panfletos de propaganda, celulares y equipos de comunicación modernos», así como de «entrenar a cubanos residentes en Cuba en terceros países».
Al destacar la «filosofía» detrás de la significativa expansión del Programa Cuba de la USAID, Cárdenas recalcó que su presupuesto, de 13 millones en el 2007, «se disparó» a 45 millones en el 2008.
Luego pasó a la nueva geografía de este monumental derroche, al destacar como países más proclives para desarrollar este trabajo encubierto a Chile, Perú, Argentina, Colombia y Costa Rica.
Aunque Grigsby, supuestamente su más fiel colaboradora, comentó luego que, según su experiencia, le resultaba difícil encontrar socios en América Latina.
Como buen instructor de lo que constituye, ni más ni menos, que una operación de Inteligencia, Cárdenas habló de la conveniencia de utilizar a países de Europa del Este que han tenido «experiencias recientes de transición».
Sin embargo, no llegó a precisar el nivel de colaboración o de complicidad con el cual cuenta, de manera evidente, la Inteligencia norteamericana con los gobiernos de los países que mencionó.
Contestando a una pregunta, a Cárdenas se le escapó que ya se había recomendado a «instituciones experimentadas en la ejecución de este tipo de programa», tales como la NED, el NDI, el IRI, la Florida International University, Freedom House, con su agente CIA, Jaime Suchlicki…
Y, por supuesto, el Center for a Free Cuba de su amiguito Frank «Paquito» Calzón.
Operaciones «secretas» cuyo acceso se negara
Con un lenguaje que corresponde a un operativo de misión de espionaje, el ex directivo de la FNCA confesó que «resulta difícil» introducir materiales en la Isla y por lo tanto indujo que el trabajo había que «hacerlo de forma clandestina».
Grigsby añadió al carácter altamente secreto de las tareas designadas, precisando que si existieran solicitudes de desclasificación de documentos en virtud de la Ley de Libertad de Información (conocida como FOIA), la USAID solo emitiría «un resumen general» y «mantendría el secreto» de los detalles de los programas de cada ONG, pues se trata de «materiales secretos».
Más claro ni el agua.
Anthony Christino III se refirió, en esta misma confesión colectiva, a la «necesidad» de enviar computadoras y software a Cuba, para lo cual sus servicios facilitarán licencias.
Clara Davis, la perla de la OFAC, propuso licencias de viajes, dejando claro que se utilizarán las licencias llamadas humanitarias para la infiltración de agentes con la cobertura de proyectos vinculados a la salud pública, el medio ambiente e «iniciativas específicas».
Se refirió, además, abierta y groseramente, al «interés» de promover viajes a Cuba para «realizar evaluaciones en el terreno» utilizando licencias generales.
Davis señaló que «la mayor entrada de dinero a Cuba» se hacía «a través de la Iglesia», una referencia bien intencional que no tiene otro propósito que causar algún daño a la fluida comunicación entre la Iglesia y el Estado cubano.
Las elecciones determinarán el futuro
En otra confesión en esta larga sucesión de confidencias, Grigsby señaló que otra ampliación del presupuesto subversivo dependerá de las elecciones de noviembre.
Según los observadores «en el terreno», no hay duda de que las víctimas de este nuevo giro del financiamiento de la subversión en Cuba le ajustarán la cuenta en su momento a la administración.
La organización que manejó el derroche del dinero federal en operaciones fraudulentas convocó, evidentemente, su reunión con el aparente propósito de parecer conformarse con el cocotazo del GAO.
Sin embargo, de manera muy significativa, publicó en su convocatoria el día y la hora de la asamblea, pero omitió precisar el lugar para lo cual había que llamar y preguntar. La estrategia funcionó. Se aparecieron en el encuentro pocas caras nuevas para esta repartición de un pastel ya repartido.
En su informe, el GAO demostraba cómo los altos funcionarios de USAID llegaron a disimular el paradero de 65,4 millones de dólares regalados, en una década, a sus amistades de Miami y de Washington.
José Cárdenas fue directivo de la FNCA a partir de 1986, con las más altas responsabilidades. Fue sucesivamente director de «investigaciones y publicaciones», portavoz de la organización y lobbyista cuando la organización mafiosa disponía de una lujosa «embajada» en Washington.
El funcionario mafioso es, por supuesto, amigo íntimo de Ileana Ros-Lehtinen y de sus dos cómplices de apellido Díaz-Balart.
La FNCA, creada por la CIA bajo Ronald Reagan, se gastó una fortuna financiando las operaciones del terrorista internacional Luis Posada Carriles, lo que Cárdenas, por supuesto, no puede ignorar.
Como tampoco podrá ignorar las ya agudas lamentaciones de los cabecillas de Miami, a quienes la reorientación de los métodos de la USAID, a favor particularmente de sus habituales corresponsales europeos, dejan en una situación algo precaria.